La reforma a la Ley 30 de 1.992, presentada por el Presidente Santos al Congreso, ha despertado un rechazo unánime de la comunidad universitaria, manifestado en protestas de las universidades del país. La reforma pretende abrir las puertas de la universidad pública al capital privado, de esta manera la política neoliberal y el capital trasnacional, no sólo hacen el diseño de educación de estos países, en función de reproducir sus capitales, sino que ahora van mucho más allá, convirtiendo la educación en un negocio lucrativo, en el que persiguen controlar los pocos recursos propios de las universidades públicas.Esta mercantilización ataca la democracia y autonomía universitaria, la formación académica de los futuros profesionales e incrementa la burocracia y el clientelismo en los claustros universitarios.
Otro gobierno más en contra del bien común
La Ministra de Educación argumenta que con esta reforma, pretende modernizar la educación, acoplarla a tendencias mundiales y desarrollar nuevas tecnologías.
Este gobierno no se pronuncia sobre el aumento de los presupuestos para inversión y funcionamiento de las universidades públicas, porque continúa con la vieja maniobra oligárquica de dejarlas sin recursos, para obligarlas a negociar su privatización con las corporaciones.
Sigue la crisis estructural de la educación
Las universidades colombianas se encuentran en una profunda crisis económica desde hace muchos años, porque la mayoría del presupuesto nacional se destinó para financiar la guerra contra el pueblo, de tal manera que la universidad, ha sido obligada a rebuscar más de la mitad de sus recursos, para su financiación y crecimiento.
El actual gobierno prolonga el congelamiento del presupuesto de las universidades, aplicado desde 1.992, al no destinar ni un peso para sus necesidades y para aumentar su agonía, ahora pretende que el capital privado las explote.
El Consejo Nacional de Rectores del Sistema de Universidades Estatales (SUE), presidido en la actualidad por el rector de la Universidad del Cauca, le han dirigido al gobierno dos cartas, en que demuestran la desfinanciación a la que están siendo sometidas, desde la expedición de la Ley 30 del 92; además del incumplimiento en la entrega de la mayoría de los recursos aprobados en el 2009.
Con el esfuerzo de rectores, profesores y estudiantes, las universidades públicas en los últimos 19 años, han triplicado la cobertura de matriculados, han llegado a muchas y apartadas regiones del país, han creado nuevas sedes regionales, han conformado centenares de grupos de investigación, se han modernizado hasta donde ha sido posible, han generado casi la mitad de sus gastos con recursos propios y se han endeudado enormemente con el sector financiero, para cubrir sus obligaciones laborales y pensionales. El mayor problema sigue siendo la carencia de un presupuesto estatal adecuado, porque el Estado es irresponsable en sus obligaciones, con la universidad pública.
Con maniobras de engaño esconden la privatización
De manera perversa, Santos acude a una maniobra de engaño –otro de sus acostumbrados Falsos Positivos-, prometiendo aprobar recursos adicionales, cuando aumente el producto interno bruto de país, desde menos del 5 por ciento, hasta colocarse entre el 5 y el 7,5 por ciento; que significa un vulgar engaño, pues Colombia lleva varias décadas sin que su crecimiento supere el 6,8 por ciento.
Ese truco es muy parecido al que usa para acaparar las regalías petroleras, en otra ‘reforma’, en la que se le dice al país, que las regalías son del 20 por ciento, cuando en realidad los departamentos y municipios solo reciben un 2 por ciento neto.
Otro engaño está en anunciar, que las Universidades, que reciban más estudiantes, más recursos recibirían, cuando estos nunca van a llegar.
Pero la maniobra y entrega no termina ahí. Santos con esta ‘reforma’, obliga a transferir recursos estatales a las instituciones de educación superior privadas y a cualquiera que obtenga la acreditación de alta calidad (art. 108). Entre estas, están instituciones privadas extranjeras atraídas por estas lucrativas ofertas, pactadas por medio de contratos de asociación con el Ministerio de Educación Nacional (art. 77).
Santos además elimina el presupuesto del 2 por ciento para el bienestar universitario y muchos recursos del crédito educativo (Icetex), pretende entregarlos a instituciones extranjeras. En síntesis, por obra de esta 'reforma', las menguadas garantías de la educación pública, pasarían a ser parte de la interminable lista de los colombianos desaparecidos.
Movilización nacional por la educación pública
La misión del presidente Santos es darle continuidad y profundizar el modelo neoliberal, por lo que persigue a sus opositores, entre estos, estudiantes, profesores y rectores de la universidad pública, olvidando que muchos de ellos se han dedicado a la educación de varias generaciones de colombianos.
En su campaña violenta por imponer esta ‘reforma’, Santos aprovecha para que sus fuerzas represivas violen las normas universitarias, para agredir y penalizar a los estudiantes, que reclaman el justo derecho a la educación.
La respuesta desde la sociedad colombiana, ha de ser la movilización y el rechazo a esta afrenta contra miles de universitarios, y la organización para enfrentar la anti patriótica alianza del gobierno y el capital privado, tras el saqueo de los bienes públicos.
Escrito por Argemiro Osorio