Por: Paul Mateo Toro
A partir de 1.992 se estableció la ley 30 que regula la educación superior en lo académico, bienestar universitario, autonomía universitaria y financiación. Los artículos 86 y 87 de esta ley son los que disponen el financiamiento de la universidad. El artículo 86 dice que los dineros de las universidades salen del presupuesto nacional, los entes territoriales (Departamentos y/o municipios) y sus rentas propias. Lo que añade la reforma a este artículo es un parágrafo que obliga a los entes territoriales a pagar las deudas que tienen con las universidades. Algunos profesores creen que es una decisión al presupuesto, pero como ven no es así. La reforma del artículo 87 dice que el presupuesto se incrementara con base al PIB (Producto Interno Bruto), y será distribuido por los mecanismos que diga el ministerio de educación.
Este mecanismo aún no se ha definido, pero la tendencia dice que esta distribución se hará bajo criterios de calidad evaluados por las normas y orientaciones que diga el gobierno nacional, competencias, acreditación, y ampliación de cobertura. Priorizando áreas de conocimiento que garanticen productividad. Esto pondrá a las universidades en una terrible competencia entre si, para cumplir los criterios del gobierno. Y además, las carreras humanitarias se ven amenazadas, pues los criterios de eficiencia empresarial no se ajustan a este conocimiento.
La reforma también viola la autonomía universitaria ya que las “U” pierden la capacidad de decidir sobre su presupuesto. Estos son algunos de los objetivos que busca la ley 30 y que las políticas de la “Revolución Educativa” propuesta por este gobierno pretenden reforzar:
- Aumentar la productividad económica condicionando la Educación a la empresa privada.
- Liberar al estado de los gastos de funcionamiento impulsando la auto financiación; venta de servicios, aumento de matriculas, reducción del bienestar universitario
- Controlar la investigación orientando sus fines al sector productivo.
- Fortalecer la universidad a mantenerse y crecer con el mismo presupuesto desde la implementación de la ley.
Esa es la ley que el gobierno ahora quiere reformar en los artículos relacionados con la financiación. Para ser más explícitos, es como si el artículo 86 definiera cuanto es el salario mínimo de las universidades y el 87 decreta como se calcula y cómo crece ese salario.
El presupuesto de la Educación ha crecido en los últimos 2 años un 0.36% del PIB (Producto Interno Bruto) Lo que significa ingresos menores a 1 billón 526 mil millones de pesos. Y el presupuesto para gastos militares se ha incrementado en los últimos 2 años hasta 21,22 billones de pesos del PIB. En 1.993 el estado destinaba 5,69 millones de pesos por cada estudiante universitario; para 2.008 la cifra estaba reducida a 3,67 millones por cada estudiante.
En conclusión, esta reforma fortalece al Icetex (Instituto Colombiano de Créditos y Estudios Técnicos en el Exterior), ya que para las próximas generaciones ingresar a la Educación Superior significará endeudamiento, llevando así a las mayorías a una agudización de la pobreza.